La sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores de Paraguay, convocada para tratar la renuncia del presidente Santiago Peña, concluyó sin quórum este jueves después de que los legisladores oficialistas del Partido Colorado abandonaran el recinto al constatar que no reunían los votos necesarios para aceptar la dimisión.

El Congreso debía definir si aceptaba o rechazaba la renuncia presentada por Peña, en el marco del escándalo que involucra a Ueno Bank y de la presión opositora para avanzar con un juicio político contra el mandatario.

La decisión revestía importantes implicancias institucionales: de aceptarse la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la titularidad del Ejecutivo y Peña accedería a una banca como senador vitalicio, condición que le otorgaría fueros parlamentarios.

Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la posibilidad de aceptar la dimisión y advirtieron que esa decisión podría garantizarle protección política y judicial al presidente, además de interrumpir el proceso de juicio político.

El senador liberal Líder Amarilla recordó que la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra Peña.

“En este momento teníamos que estar tratando la continuidad de ese juicio político. Si aceptamos esta renuncia, lo que estamos haciendo es que Santiago Peña adquiera fueros y que todo el dinero que se robó quede impune, porque la Fiscalía no le va a poder imputar”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora liberal Celeste Amarilla cuestionó el tratamiento de la renuncia y denunció un avance del autoritarismo. “La renuncia de Peña no interrumpe un proceso iniciado y esta Constitución se respeta, no se interpreta”, expresó.

Por su parte, la senadora opositora Yolanda Paredes acusó al oficialismo de intentar blindar al mandatario. “Le van a blindar a un delincuente y esa es la responsabilidad que van a cargar sobre sus hombros. Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio”, manifestó.

También el diputado Raúl Benítez rechazó la posibilidad de cerrar el conflicto mediante la aceptación de la renuncia y reclamó que continúe el juicio político. “Lo que corresponde es que siga el juicio político. Necesitamos saber dónde está la plata”, afirmó.

Desde el sector colorado cartista defendieron la aceptación de la renuncia como una salida para descomprimir el conflicto político y permitir que las instituciones avancen con otros temas.

El senador Yamil Esgaib argumentó que era necesario resolver rápidamente la situación para evitar mayores tensiones sociales. “Nuestro argumento para aceptar es la brevedad que se necesita para pasar a otro tema. En la medida que se aumenta en el tiempo esta situación, se van dando situaciones desagradables en la calle”, señaló.

Además, sostuvo que el Senado podría analizar posteriormente un eventual pedido de desafuero contra Peña si la Fiscalía lo solicitaba.

En tanto, el diputado colorado Rodrigo Gamarra defendió que aceptar la renuncia no significaba eximir al presidente de responsabilidades. “Es para decidir si queremos que esto tenga un corte definitivo, que las instituciones funcionen y que la gente recupere su dinero”, argumentó.

El senador Rafael Filizzola, por su parte, vinculó la crisis con el perjuicio sufrido por los ahorristas y cuestionó la actuación de las autoridades. “Esta no es solamente la causa de algunos senadores o diputados, sino la causa de 3 millones de personas estafadas desde el Estado por una organización criminal compuesta por altos funcionarios públicos, por empresarios y liderada por el presidente de la República Santiago Peña”, afirmó.

Finalmente, la falta de votos para avanzar con la aceptación de la renuncia derivó en la retirada de los legisladores oficialistas y dejó sin quórum la sesión conjunta, por lo que el Congreso no pudo resolver el futuro institucional del mandatario.

Fuente: ABC color

Contexto: La figura del senador vitalicio en Paraguay está prevista en la Constitución de 1992 para los expresidentes electos democráticamente, quienes acceden a una banca de por vida en el Senado. En los últimos años, crisis políticas anteriores también derivaron en debates sobre juicios políticos y renuncias presidenciales, como ocurrió en 2012 con la destitución de Fernando Lugo.