El presidente Santiago Peña se dirigió este jueves a la ciudadanía mediante un mensaje en redes sociales, en el que confirmó que comparecerá y ejercerá su derecho a la defensa en el marco del juicio político en su contra.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, afirmó el mandatario.

Peña reconoció el clima de preocupación e incertidumbre que atraviesa el país y señaló que, aunque considera que ya existe una decisión anticipada sobre su situación, cumplirá con el procedimiento institucional.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, expresó.

En relación con la crisis vinculada a Ueno Bank y los ahorristas afectados, Peña se comprometió a “colaborar plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida”.

Asimismo, subrayó: “quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”.

El presidente también llamó a preservar la tranquilidad social y ratificó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el respeto a las instituciones.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, concluyó.

Contexto: El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Poder Legislativo investigar y, eventualmente, destituir a altos funcionarios por mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones. En Paraguay, este procedimiento está regulado por la Constitución Nacional y ha sido utilizado en otras ocasiones para examinar la conducta de autoridades.