La Cámara de Senadores de Paraguay dio inicio este jueves a la primera etapa del juicio político contra el presidente Santiago Peña. En la jornada, los ocho diputados que promueven la acusación fueron reconocidos formalmente como fiscales acusadores.

Durante sus intervenciones, los legisladores se refirieron a la situación generada tras la intervención de Ueno Bank y cuestionaron el manejo de fondos públicos, presuntos conflictos de intereses y las decisiones de organismos estatales en torno a la entidad financiera.

La sesión pasó luego a un cuarto intermedio. La segunda parte del juicio político seguirá este viernes a las 10:00, cuando Peña deberá ejercer personalmente su defensa o hacerlo a través de sus abogados.

Los fiscales acusadores son los opositores Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián Billy Vaesken, Rodrigo Blanco, Pedro José Gómez y Freddy Franco, junto con los colorados disidentes Mauricio Espínola y Carlos Núñez Salinas.

En la jornada, Vallejo sostuvo que las irregularidades detectadas durante la intervención del banco revisten especial gravedad por su impacto sobre ahorristas e instituciones públicas.

“La caída de un banco que ha afectado a 3 millones de personas. Muchas personas no volverán a ver su dinero, instituciones públicas no recuperarán sus ahorros”, afirmó.

La diputada también cuestionó el proceso de intervención y mencionó entre los organismos afectados a las cajas jubilatorias del IPS, ANDE, Itaipú, Yacyretá, la Caja de Jubilados Bancarios y Petropar.

Por su parte, Raúl Benítez apuntó contra lo que calificó como un esquema destinado a vaciar la entidad financiera y cuestionó los vínculos económicos de Peña con el grupo empresarial relacionado con Ueno.

“El conflicto de interés para la toma de decisiones, Peña como accionista, no es una opinión, está documentado”, sostuvo Benítez, quien mencionó acciones, certificados de depósito y bonos vinculados al grupo.

Otro de los ejes de las acusaciones estuvo relacionado con el crecimiento de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados en Ueno Bank.

El diputado Pedro José Gómez sostuvo que, según datos de la Contraloría, la participación de los fondos del IPS en la entidad pasó del 1% en 2023 al 8,4% en 2024 y al 19,7% en 2025.

“El dinero de los trabajadores, que es el tema más importante y central”, afirmó Gómez al cuestionar el incremento de los fondos previsionales depositados en el banco.

En la misma línea, Rodrigo Blanco cuestionó las normas utilizadas para la colocación de fondos públicos y sostuvo que se priorizó el rendimiento por encima de la solvencia. “Paraguay, el único país en el mundo que ha modificado las normas de colocación poniendo en primer lugar el factor rendimiento del dinero por sobre el factor solvencia”, señaló.

Freddy Franco, en tanto, centró su exposición en empresas vinculadas a las autoridades y en operaciones financieras que, según sostuvo, involucraron importantes sumas de dinero.

Mencionó a Mowi S.A., el Grupo MSA y el Grupo Hendy S.A., y afirmó que recibieron créditos por USD 42,5 millones, USD 72 millones y USD 42 millones, respectivamente.

“La empresa Ueno Bank creó varias empresas vinculadas a las autoridades, se turnaban para ser presidentes, vicepresidentes, síndicos de diferentes empresas”, sostuvo Franco.

El diputado también cuestionó que varias de las compañías mencionadas funcionaran en la misma torre del complejo Paseo La Galería y planteó interrogantes sobre sus vínculos societarios.

El juicio político continuará este viernes con la defensa del presidente Santiago Peña. El proceso llega a esta instancia luego de que los senadores rechazaran la posibilidad de aceptar la renuncia del mandatario, alternativa impulsada por legisladores colorados oficialistas que no consiguieron los votos necesarios.

Fuente: Ultima Hora y medios digitales