El senador nacional del PRO por Misiones, Martín Goerling, presentó una denuncia penal en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el hostigamiento y las amenazas que recibe a través de redes sociales y sitios web. La medida fue anunciada por el propio legislador mediante un video publicado en su cuenta de X. Bajo el título "Se terminaron los aprietes en Misiones", Goerling informó sobre la presentación judicial y expresó: "A los ñoquis que escriben atrás de un escritorio amenazando a la gente, los van a ir a buscar y que respondan ante la Justicia". En el clip, el senador sostuvo: "Me amenazaron, me hostigaron permanentemente desde las redes y páginas web ocultas. Por eso, hice la denuncia penal correspondiente en el fuero federal en la ciudad de Buenos Aires". Y agregó que el objetivo es "que la justicia investigue quiénes son los responsables de estas cuentas anónimas, que lo único que hacen es hostigamiento, mentiras y difamación a muchas personas, no solamente a mí". Goerling afirmó: "Yo me puedo defender y lo estoy haciendo como Senador de la Nación, pero hay miles de misioneros que sienten miedo de poder opinar contra el gobierno, porque los hostigan y hasta los meten presos". Además, aseguró que "la justicia ya sabe quiénes son, desde dónde escriben; desde qué organismos públicos lo hacen, y los nombres y apellidos de las personas que están detrás de esas cuentas anónimas". El legislador arengó a los misioneros: "Les quiero decir que perdamos el miedo, que podemos opinar, que podemos disentir, que podemos criticar y, sobre todo, denunciar cuando vemos hechos de corrupción en nuestra provincia". Para finalizar, remarcó: "Quiero decir dos cosas finales: a la Renovación, que se terminaron los aprietes, y a los misioneros, que se terminó el miedo". Contexto: La denuncia de Goerling se produce en un contexto de creciente debate sobre el hostigamiento en redes sociales y el uso de cuentas anónimas para amedrentar a opositores. En los últimos años, distintos actores políticos han recurrido a la Justicia Federal para investigar este tipo de ataques digitales, que involucran tanto a funcionarios como a ciudadanos comunes.