Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves, en el marco de una crisis política y financiera originada por la intervención y posterior cierre de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. La decisión se conoció mientras el Congreso debatía un pedido de juicio político contra el mandatario, quien había perdido el respaldo de su propio partido.

La renuncia fue difundida durante la tarde por Infobae y MDZ, tras una jornada de intensa actividad parlamentaria en la que legisladores oficialistas y opositores habían anticipado su apoyo al proceso de destitución.

La salida de Peña se produjo después de que el expresidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y uno de sus principales impulsores políticos, anunciara públicamente que acompañaría el juicio político. Esa decisión del oficialismo alteró el escenario parlamentario y dejó al mandatario sin el respaldo necesario para mantenerse en el cargo.

La crisis se desencadenó a partir de la intervención de Ueno Bank, una institución que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta paraguaya, y que administraba importantes recursos de organismos estatales.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L

— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Horas antes de que se conociera la renuncia, Cartes había difundido un comunicado en el que confirmó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) acompañaría el pedido de juicio político contra Peña.

El expresidente cuestionó las presuntas irregularidades vinculadas con la entidad financiera y sostuvo que el oficialismo debía priorizar la protección de los fondos públicos, privados y previsionales.

La postura del titular del Partido Colorado fue respaldada por las principales bancadas oficialistas en la Cámara de Diputados, que anunciaron su decisión de votar a favor de la acusación.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también había reclamado la renuncia del mandatario y advirtió que, en caso contrario, acompañaría el procedimiento constitucional para destituirlo.

La Cámara Baja inició su sesión extraordinaria pasadas las 10.30, con el objetivo de debatir el documento acusatorio presentado inicialmente por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo.

El planteo contemplaba cinco causales relacionadas con presuntos conflictos de intereses, irregularidades regulatorias, utilización de fondos previsionales y posibles beneficios patrimoniales indebidos.

La salida de Santiago Peña abre el proceso de sucesión institucional previsto por la Constitución de Paraguay.

De acuerdo con el artículo 234 de la Carta Magna, ante la renuncia definitiva del presidente corresponde que el vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la jefatura del Estado y complete el mandato constitucional, previsto hasta el 15 de agosto de 2028.

Alliana también había sido incluido en un pedido de juicio político presentado por legisladores opositores, aunque su situación política se modificó con la renuncia del jefe de Estado.

Durante la jornada, el senador colorado Antonio Barrios había señalado que Alliana contaba con el respaldo de Horacio Cartes para completar el período presidencial.

En paralelo, comenzaron a circular nombres para ocupar la Vicepresidencia. Entre ellos apareció el del propio Barrios, mencionado por dirigentes oficialistas como una de las alternativas para cubrir la eventual vacante.

El origen del conflicto se encuentra en el cierre de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay después de detectar un deterioro significativo de sus indicadores de solvencia.

La autoridad monetaria informó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las regulaciones financieras, lo que motivó el inicio del procedimiento de resolución.

La medida provocó la suspensión de sus operaciones, el cierre de sucursales y la imposibilidad de que millones de clientes accedieran a sus ahorros.

Además, la entidad administraba aproximadamente 850 millones de dólares de organismos públicos, incluidos importantes depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones y prestaciones sanitarias.

La Justicia paraguaya también avanzó con una investigación sobre presuntas operaciones financieras irregulares entre Ueno Bank y empresas vinculadas con el grupo propietario. Durante la semana fueron detenidos varios directivos y se presentaron imputaciones relacionadas con posibles delitos económicos.

En este contexto, el Congreso aprobó una ley para acelerar la devolución de una parte de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, mientras continuaban las protestas de ahorristas en Asunción y otras ciudades.

La caída de la entidad también repercutió en los mercados financieros: el dólar registró una suba cercana al 9% frente al guaraní durante la última semana, mientras el riesgo país aumentó un 16%.

Contexto: La estabilidad política paraguaya se ha visto tensionada en otras ocasiones por crisis bancarias y disputas internas en el Partido Colorado, aunque la renuncia de un presidente en ejercicio constituye un hecho excepcional en la historia reciente del país.