La exdiputada nacional Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, después de haber estado internada en la clínica Suizo Argentina debido a una afección pulmonar que evolucionó a neumonía, tras una cirugía.

Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido durante la última dictadura militar, desarrolló una extensa carrera política y de militancia centrada en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado. Su nombre quedó especialmente asociado al proceso que permitió anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían restringido las investigaciones judiciales sobre los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Psicóloga social de formación, inició su actividad política como estudiante en la Universidad Nacional de La Plata y participó en distintas expresiones de la izquierda peronista en la década de 1970. Paralelamente, desarrolló una carrera periodística en medios gráficos y organismos públicos.

Con el retorno de la democracia, tuvo una participación activa en los reclamos de justicia por los crímenes de la dictadura. En 1984 denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) la desaparición de su padre. Luego integró organizaciones de derechos humanos, entre ellas HIJOS, y actuó como querellante y denunciante en causas por delitos de lesa humanidad.

Walsh llegó a la Cámara de Diputados de la Nación tras las elecciones legislativas de 2001, cuando fue elegida representante por la Ciudad de Buenos Aires al encabezar la propuesta de Izquierda Unida. Su mandato se extendió hasta 2005 y durante ese período presidió el bloque unipersonal de ese espacio e integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Garantías y Libertad de Expresión.

Su principal aporte parlamentario fue el proyecto que impulsó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante la década de 1980 para limitar la persecución penal de los responsables de los crímenes de la dictadura.

La iniciativa fue una de sus principales banderas desde que asumió su banca. Durante más de un año y medio insistió con el tratamiento legislativo, solicitó sesiones especiales y sostuvo el reclamo pese a los reiterados intentos frustrados por falta de quórum.

El debate finalmente llegó al recinto el 12 de agosto de 2003, en una sesión especial convocada a pedido de Izquierda Unida. Aunque el texto aprobado incorporó consensos de distintas bancadas, conservó aspectos centrales de la propuesta que Walsh había presentado.

Al abrir la discusión, la entonces diputada destacó la importancia de avanzar hacia la nulidad de ambas normas y definió la jornada como un día de reconquista para quienes reclamaban justicia por los crímenes de la dictadura.

Tras más de ocho horas de debate, Diputados otorgó media sanción al proyecto. Nueve días después, el Senado lo convirtió en la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 2005, la Corte Suprema ratificó la validez de esa decisión y declaró inconstitucionales ambas normas.

Durante su mandato, Walsh también presentó otras iniciativas. Entre ellas, un proyecto para declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, por su responsabilidad en la situación del pueblo iraquí, además de expresiones de repudio y cuestionamientos vinculados con conflictos sociales y judiciales.

Su trayectoria política también incluyó dos candidaturas a la Presidencia de la Nación, en 1999 y 2003, en representación de la izquierda argentina.

Además, compitió por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue legisladora porteña entre 2007 y 2009. Desde esa banca continuó promoviendo iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la igualdad de género y las libertades públicas.

En los últimos años mantuvo su participación en espacios políticos y sociales, con una presencia vinculada a las demandas de los sectores progresistas y a la defensa de los derechos humanos.

Con su muerte, la política argentina pierde a una dirigente cuya trayectoria estuvo atravesada por la búsqueda de justicia por los crímenes de la última dictadura y por una activa intervención parlamentaria que contribuyó a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Fuente: El Parlamentario

Contexto: Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) fueron sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín para limitar los juicios contra los responsables de crímenes de la dictadura. En 2003, el Congreso las anuló y en 2005 la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, lo que permitió reabrir las causas por delitos de lesa humanidad.