La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, por unanimidad, la acusación para iniciar un juicio político contra Santiago Peña, en el marco de la crisis institucional y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank. La iniciativa obtuvo 78 votos a favor y ninguno en contra, pocas horas después de que el presidente anunciara públicamente su decisión de renunciar al cargo.

La votación habilitó el procedimiento constitucional por presunto mal desempeño de funciones, a partir de una presentación impulsada inicialmente por legisladores opositores y disidentes del Partido Colorado.

La decisión legislativa se produjo después de que el oficialismo retirara su respaldo político al mandatario. Durante la mañana, el expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), había anunciado que su partido acompañaría el juicio político.

Con el respaldo de las distintas bancadas, la acusación reunió una mayoría que superó ampliamente los dos tercios exigidos por la Constitución paraguaya.

El pedido de juicio político está directamente relacionado con la intervención y posterior cierre de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes.

Entre los fundamentos de la acusación aparecen posibles conflictos de intereses derivados de la participación accionaria que Peña había mantenido en el grupo empresarial propietario del banco, de la que se desvinculó en 2025.

Los legisladores también cuestionaron decisiones regulatorias que, según sostienen, habrían beneficiado a la entidad financiera, además de la concentración de importantes recursos públicos en sus cuentas.

Uno de los aspectos más sensibles es la presencia de fondos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de las jubilaciones y prestaciones sanitarias, entre los depósitos afectados por la crisis bancaria.

El cierre de Ueno Bank provocó la suspensión de sus operaciones y dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros. La situación derivó en protestas en Asunción, investigaciones judiciales y la detención de ocho directivos de la institución.

Horas antes de la aprobación del juicio político, Santiago Peña difundió un video en sus redes sociales en el que confirmó su decisión de presentar la renuncia a la Presidencia.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó el mandatario, quien explicó que buscaba preservar la estabilidad política y social del país.

En su mensaje también pidió disculpas a la ciudadanía por los resultados de su gestión y sostuvo que su principal preocupación era garantizar la recuperación de los depósitos afectados por el cierre de Ueno Bank.

“También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, manifestó.

La decisión de abandonar el cargo se produjo después de que Horacio Cartes, uno de sus principales aliados políticos y quien había impulsado su candidatura presidencial en 2023, anunciara que el Partido Colorado respaldaría el proceso de destitución.

Con la aprobación de la acusación en Diputados, el procedimiento contempla su remisión a la Cámara de Senadores, que tiene la responsabilidad de juzgar al mandatario.

Para concretar una eventual destitución se requiere el voto favorable de al menos 30 de los 45 senadores, equivalente a una mayoría de dos tercios.

Sin embargo, el anuncio de renuncia de Peña incorpora un elemento adicional al proceso institucional, ya que su dimisión deberá ser formalmente tramitada por el Congreso.

En caso de concretarse la vacancia definitiva de la Presidencia, la Constitución establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el Poder Ejecutivo y completar el mandato previsto hasta agosto de 2028.

Contexto: El juicio político en Paraguay está regulado por la Constitución de 1992, que establece que la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga al presidente por mal desempeño, delitos comunes o violación de la Constitución. En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido por este mecanismo en un proceso que generó controversia internacional. La crisis de Ueno Bank recuerda a otras intervenciones bancarias en la región, como la del Banco Latino en Venezuela en 1994 o la del Banco de Crédito y Ahorro en Argentina en 2001, aunque cada caso tuvo características propias.