La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo capítulo institucional. La Cámara de Diputados fue convocada para este jueves 5 de noviembre, a las 10, a una sesión extraordinaria en la que se debatirán los pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, impulsados por legisladores opositores y sectores disidentes del Partido Colorado.

La convocatoria fue formalizada por el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, luego de que 35 diputados presentaran los respectivos libelos acusatorios. En ellos se atribuye a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo presuntas responsabilidades políticas por las irregularidades detectadas en Ueno Bank y por la actuación de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

El planteo contra Peña incluye cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, supuesto mal desempeño de sus funciones, decisiones vinculadas con la regulación bancaria y la utilización de recursos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) paraguayo en operaciones con la entidad financiera.

La iniciativa se produce en medio de una creciente presión política y social sobre el Gobierno, mientras miles de depositantes esperan recuperar el acceso a sus ahorros y la Justicia avanza en una investigación sobre las operaciones del banco.

La sesión de este jueves será determinante para establecer si los pedidos reúnen el respaldo parlamentario necesario para avanzar hacia el Senado, encargado de desarrollar el juicio político en caso de que prospere la acusación.

Uno de los principales fundamentos del pedido de juicio político está relacionado con los vínculos empresariales que Santiago Peña mantuvo con el grupo controlador de Ueno Bank, una relación que los legisladores acusadores consideran relevante para evaluar posibles conflictos de intereses durante su gestión presidencial.

El mandatario había sido accionista del conglomerado empresarial relacionado con la entidad financiera, participación de la que se desvinculó en marzo de 2025.

El documento presentado por la oposición también cuestiona el nombramiento de Carlos Carvallo, anteriormente vinculado a Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), y plantea dudas sobre la independencia de los mecanismos de supervisión del sistema bancario.

Otro de los puntos centrales de la acusación se refiere a la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank, mediante inversiones en certificados de depósito y otros instrumentos financieros.

Según los argumentos expuestos por los impulsores del juicio político, esas colocaciones habrían alcanzado aproximadamente el 11% de la cartera de inversiones del organismo previsional, por encima del límite del 10% por emisor que señalan como aplicable.

Los legisladores también cuestionan operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo financiero y sostienen que las autoridades competentes no habrían adoptado oportunamente las medidas necesarias para evitar el deterioro patrimonial del banco.

En el caso del vicepresidente Pedro Alliana, el libelo acusatorio le atribuye presuntas responsabilidades por su actuación política y legislativa frente a las operaciones cuestionadas y las advertencias sobre la situación financiera de la entidad.

Las acusaciones forman parte de un procedimiento de responsabilidad política y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.

La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las impulsoras de la iniciativa, sostuvo este jueves que la continuidad de Peña al frente del Gobierno quedó comprometida por la pérdida de confianza pública provocada por la crisis bancaria.

En declaraciones a ABC Cardinal, argumentó que el mandatario debería abandonar la Presidencia para permitir la recuperación de la estabilidad institucional.

El procedimiento de juicio político está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece que la Cámara de Diputados debe formular la acusación con una mayoría de dos tercios, mientras que corresponde al Senado juzgar a las autoridades acusadas.

La Cámara Baja cuenta con 80 bancas y necesita un cuórum mínimo de 41 legisladores para sesionar. Por esa razón, la participación de diputados del oficialismo será uno de los factores determinantes para que pueda desarrollarse el debate.

Los impulsores de los pedidos cuentan con el respaldo de sectores opositores y de legisladores colorados disidentes, aunque ese acompañamiento no garantiza por sí solo que las acusaciones sean aprobadas.

La tensión se profundizó después de que Peña mantuviera una reunión con legisladores oficialistas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, en la que se analizó el escenario parlamentario y la posición del sector gubernamental frente a las iniciativas.

En paralelo, la Policía Nacional paraguaya dispuso un operativo especial de seguridad en las inmediaciones del Congreso, con entre 500 y 600 efectivos, ante la posibilidad de nuevas manifestaciones durante el tratamiento de los pedidos de juicio político.

El debate parlamentario coincide con una etapa especialmente delicada de la crisis financiera. Como informó PRIMERA EDICIÓN este miércoles, el Congreso paraguayo aprobó una ley de emergencia para acelerar la devolución de depósitos afectados por el colapso de Ueno Bank, mientras el Ministerio Público avanzó con imputaciones contra directivos y personas vinculadas con la entidad.

El Banco Central del Paraguay había dispuesto el procedimiento de resolución del banco después de detectar un deterioro de sus indicadores patrimoniales, con un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido por la normativa.

La medida provocó la interrupción de las operaciones habituales de la entidad y afectó a numerosos ahorristas, además de generar preocupación por la exposición de recursos públicos y previsionales.

En ese contexto, el Gobierno enfrenta simultáneamente la necesidad de restablecer la confianza en el sistema financiero, garantizar la devolución de los depósitos y responder a los cuestionamientos políticos sobre la actuación de los organismos de control.

La sesión extraordinaria prevista para este jueves marcará el próximo paso institucional de una crisis que comenzó en el sistema bancario y terminó por trasladarse al centro del poder político paraguayo.

Contexto: El juicio político en Paraguay está regulado por el artículo 225 de la Constitución de 1992. A lo largo de la historia democrática reciente, este mecanismo ha sido invocado en contadas ocasiones, y solo en 2012 prosperó una acusación que derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, tras un proceso que duró menos de 48 horas y generó cuestionamientos internacionales.

Fuentes: Convocatoria oficial de la Cámara de Diputados y Presentación de las acusaciones contra Peña y Alliana, Medios Digitales y ABC Color.