La intervención y disolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) derivó en una manifestación de cientos de ahorristas en Asunción, quienes reclamaron por la devolución de sus fondos. La protesta, realizada en el centro de la capital, concluyó con incidentes y un operativo policial que incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes a pocos metros del Palacio de López, sede del Gobierno nacional.

De acuerdo con la cadena Telesur, los manifestantes intentaron avanzar hacia las inmediaciones de la sede presidencial, pero se encontraron con un cordón de seguridad de la Policía Nacional. La tensión se incrementó cuando los efectivos emplearon agentes químicos y camiones hidrantes para dispersar a los presentes. Durante el procedimiento, se reportó que una mujer en silla de ruedas fue alcanzada por gases lacrimógenos.

Mientras se desarrollaba el operativo, numerosos ciudadanos registraron los incidentes con sus teléfonos celulares y cuestionaron la falta de respuestas sobre el destino de sus ahorros. Entre los reclamos también se escucharon pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en una crisis que comenzó en el sistema financiero y se extendió al escenario institucional.

El conflicto se originó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, ante un deterioro de su situación financiera y problemas de solvencia. La medida generó preocupación entre los depositantes, debido a las dificultades para acceder al dinero que mantenían en sus cuentas.

Según la información difundida por Telesur, la entidad contaba con alrededor de tres millones de clientes, aunque no se precisó cuántos permanecen efectivamente afectados por las restricciones. La crisis también alcanzó a organismos públicos que mantenían recursos depositados en el banco. Entre ellos figura el Instituto de Previsión Social (IPS), con aproximadamente 380 millones de dólares vinculados a fondos previsionales, según los datos publicados por el medio.

La situación incrementó las dudas sobre la supervisión del sistema financiero y las medidas que deberán adoptarse para garantizar la recuperación de los depósitos. Las consecuencias del cierre también provocaron repercusiones en el Congreso paraguayo, donde sectores de la oposición promovieron una acusación contra el mandatario y su vicepresidente. Los cuestionamientos están relacionados con los vínculos previos de Peña con la entidad y las responsabilidades institucionales en torno a su funcionamiento y posterior crisis.

En paralelo, el conflicto derivó en la salida del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, mientras la Fiscalía avanzó con medidas judiciales contra directivos de Ueno Bank, de acuerdo con la información difundida por Telesur.

La Cámara de Diputados de Paraguay fue convocada para este jueves, a las 10, a una sesión extraordinaria en la que se debatirá y someterá a votación el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña. La convocatoria fue oficializada por el titular del cuerpo, Raúl Latorre, mediante la Resolución N.º 4699, luego de que 35 legisladores opositores y colorados disidentes presentaran la acusación. Para que la sesión pueda desarrollarse será necesaria la presencia de al menos 41 diputados. En caso de alcanzar el quórum, la acusación deberá obtener el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes para avanzar al Senado, donde se requerirán 30 votos para concretar una eventual destitución del mandatario.

Contexto: La intervención de entidades financieras por parte de bancos centrales es un mecanismo habitual para preservar la estabilidad del sistema y proteger a los depositantes. En Paraguay, el BCP tiene facultades para disponer la intervención y disolución de bancos con problemas de solvencia, como ocurrió en este caso con Ueno Bank.

Fuente: Medios Digitales