La crisis política en Paraguay adquirió este jueves un nuevo matiz con la decisión del expresidente Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado y principal impulsor político de Santiago Peña, de acompañar el juicio político contra el mandatario. La medida se produce en medio del escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank y las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos y previsionales.

El pronunciamiento marca una ruptura abierta entre el presidente de la República y quien fuera su principal respaldo dentro del oficialismo. La decisión fue comunicada pocas horas antes de la sesión extraordinaria convocada en la Cámara de Diputados para analizar los pedidos de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, expresó Cartes en un comunicado difundido este jueves por la mañana.

El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) también cuestionó las presuntas irregularidades vinculadas con los recursos depositados en la entidad bancaria y sostuvo que su partido no respaldará actuaciones que perjudiquen al patrimonio público, privado o previsional.

La declaración adquiere especial relevancia porque Cartes fue el principal patrocinador de la candidatura presidencial de Peña y conserva una fuerte influencia sobre el movimiento Honor Colorado, sector que constituye una de las principales bases de sustentación política del Gobierno.

La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. https://t.co/W7ubJ3xMuA

— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026

Su decisión cambia el escenario parlamentario de una iniciativa que, hasta ahora, había sido impulsada principalmente por legisladores opositores y sectores disidentes del propio Partido Colorado.

El pedido de juicio político fue presentado el miércoles con 35 firmas y contiene acusaciones relacionadas con presuntos conflictos de intereses, mal desempeño de funciones y responsabilidades políticas por la actuación de los organismos de control frente a la crisis de Ueno Bank.

Las imputaciones políticas se apoyan, entre otros antecedentes, en los vínculos empresariales que Peña mantuvo anteriormente con el grupo relacionado con la entidad financiera y en las operaciones que involucraron recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) paraguayo.

El pronunciamiento de Cartes fue acompañado por nuevas manifestaciones dentro del oficialismo que profundizaron el aislamiento político del mandatario.

El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la bancada oficialista Colorada A, anunció que respaldará el pedido de juicio político contra Santiago Peña y comunicó su renuncia a la vicejefatura del bloque parlamentario.

El legislador explicó que las evidencias conocidas durante los últimos días modificaron su posición frente a la crisis financiera y consideró necesario que se investiguen las responsabilidades políticas. Su decisión se produjo después de una reunión realizada el miércoles por la noche entre Peña y legisladores oficialistas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, a la que Aguilera no asistió.

Por su parte, el senador Antonio Barrios, referente del sector cartista, ratificó el respaldo al juicio político y pidió públicamente que el presidente presente su renuncia.

Barrios sostuvo que una salida voluntaria evitaría profundizar la confrontación institucional que podría producirse durante el proceso parlamentario.

También el senador Gustavo Leite expresó su acompañamiento a la posición adoptada por Cartes, en una señal de que el pronunciamiento del titular de la ANR comienza a encontrar respaldo entre dirigentes cercanos a su conducción.

Sin embargo, el apoyo político del expresidente no equivale automáticamente a una votación favorable de todos los legisladores oficialistas, cuyas posiciones serán determinantes para establecer si la acusación puede avanzar.

La ofensiva política contra el Gobierno se desencadenó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar un deterioro de sus indicadores patrimoniales y una situación de solvencia por debajo de los mínimos regulatorios.

El colapso de la entidad provocó restricciones en el acceso de numerosos clientes a sus depósitos, abrió investigaciones judiciales sobre operaciones financieras y generó fuertes cuestionamientos por la exposición de recursos públicos y previsionales.

Como informó PRIMERA EDICIÓN este miércoles, el Congreso paraguayo aprobó una legislación de emergencia para acelerar la devolución de depósitos, mientras la Fiscalía avanzó con imputaciones contra directivos y personas vinculadas con el banco.

El caso adquirió una dimensión política particular por los vínculos empresariales anteriores de Santiago Peña con el grupo relacionado con Ueno Bank, así como por los cuestionamientos sobre la actuación del Banco Central y las inversiones efectuadas por organismos estatales.

Las acusaciones contra el mandatario, no obstante, corresponden a un procedimiento de responsabilidad política y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de culpabilidad.

Con la retirada del respaldo de Horacio Cartes, la crisis dejó de enfrentar solamente al Gobierno con la oposición y pasó a involucrar directamente a la conducción del partido gobernante.

El futuro político de Santiago Peña quedó así sujeto a una disputa institucional y parlamentaria en la que el oficialismo ya no muestra una posición unificada, mientras continúa la incertidumbre sobre las consecuencias económicas y judiciales del colapso bancario.

Contexto: La crisis de Ueno Bank se suma a episodios previos de tensión entre Cartes y Peña, aunque el respaldo del expresidente había sido clave para la victoria electoral de 2023. El juicio político en Paraguay requiere el voto de dos tercios de la Cámara de Diputados para avanzar al Senado, instancia que decide la destitución.