La crisis de Ueno Bank en Paraguay sumó este miércoles nuevos capítulos judiciales, económicos y políticos. Mientras miles de clientes continúan sin poder acceder a sus depósitos, el Congreso sancionó una ley de emergencia para acelerar la devolución del dinero y la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras, entre ellas integrantes del directorio de la entidad y representantes de empresas vinculadas.

Las medidas se conocieron un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara la intervención de la institución financiera y la suspensión de sus operaciones, una decisión que afecta a cerca de tres millones de clientes y que ya había sido informada por PRIMERA EDICIÓN.

La nueva legislación fue sancionada durante la tarde del miércoles, después de un tratamiento urgente en ambas cámaras del Congreso. El proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente Santiago Peña.

La norma establece un mecanismo para anticipar hasta 121 millones de guaraníes por depositante, equivalentes a 40 salarios mínimos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera de los clientes afectados por el cierre de la entidad.

La legislación modifica el régimen previsto en la Ley 2334/03, que regula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y los procedimientos aplicables ante la resolución de entidades financieras.

Con el nuevo mecanismo, los ahorristas podrán recibir anticipos de hasta 121 millones de guaraníes por persona, en un plazo previsto de entre 24 horas y cinco días hábiles, una vez promulgada la ley y habilitados los procedimientos de pago. El monto constituye un adelanto de la garantía legal, que actualmente contempla una cobertura máxima de 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera.

Durante el tratamiento legislativo se introdujeron modificaciones para establecer que, en los casos de clientes con obligaciones pendientes, únicamente puedan descontarse de sus saldos las cuotas vencidas y los importes mínimos exigibles de las tarjetas de crédito.

También se eliminó una disposición que contemplaba la habilitación temporal de la aplicación de ueno bank para realizar transferencias, debido a las restricciones operativas derivadas del procedimiento de resolución.

Mientras tanto, el Banco Central había anunciado un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos, y anticipó que comunicaría los mecanismos y requisitos para acceder a esos fondos.

La sanción legislativa no significa que los depósitos ya hayan sido restituidos: su implementación depende de la promulgación de la ley y de la organización de los desembolsos.

En paralelo a las medidas destinadas a proteger a los clientes, el Ministerio Público paraguayo avanzó con una investigación penal que alcanzó a 27 personas vinculadas con ueno bank y otras empresas de su grupo económico. Entre los imputados figura Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de la entidad, para quien los fiscales solicitaron prisión preventiva.

También fueron imputados otros integrantes del directorio, entre ellos Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

La investigación comprende además a representantes de distintas sociedades comerciales relacionadas con las operaciones financieras bajo sospecha.

Los hechos punibles atribuidos incluyen presunta lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violaciones relacionadas con la obligación de llevar libros de comercio.

De acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía, los investigadores analizan operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026 que habrían comprometido los activos del banco. Entre las irregularidades señaladas aparecen préstamos otorgados a empresas presuntamente vinculadas con condiciones de financiamiento flexibles, garantías insuficientes y debilidades en los análisis de riesgo.

Los fiscales también solicitaron medidas de restricción patrimonial e inmovilización preventiva de cuentas vinculadas con los investigados, con el propósito de preservar bienes durante el avance de la causa.

Las repercusiones del caso también llegaron al Gobierno de Santiago Peña, luego de que Carlos Carvallo presentara su renuncia a la presidencia del Banco Central del Paraguay a pedido del mandatario. La salida del funcionario se produjo en medio de cuestionamientos por la supervisión de ueno bank y por sus vínculos anteriores con la entidad, que había presidido hasta 2023.

El escándalo también reavivó las críticas contra el propio Peña por su anterior relación empresarial con el grupo vinculado al banco, del que fue socio hasta marzo de 2025.

La situación adquirió especial sensibilidad debido a la presencia de recursos de organismos estatales en la entidad. Según informó Reuters, ueno bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, mientras las autoridades intentan determinar el alcance de las consecuencias financieras de la intervención.

El Gobierno respaldó el tratamiento urgente de la legislación destinada a proteger a los depositantes, aunque continúa enfrentando cuestionamientos opositores por la actuación de los organismos responsables del control bancario.

En medio de las restricciones que afectan a los usuarios, el Banco Central paraguayo comunicó otra medida destinada a facilitar la apertura y utilización de cuentas en otras entidades. Los alias registrados en Ueno Bank fueron liberados del Sistema de Pagos del Paraguay, por lo que sus titulares pueden volver a asociarlos a cuentas existentes o nuevas en otros bancos y financieras.

La disposición comprende los identificadores vinculados con números de cédula, RUC, teléfonos y direcciones de correo electrónico.

La medida permitirá que los clientes recuperen el uso de esos datos para recibir transferencias en otras entidades financieras, aunque no implica la rehabilitación de las cuentas ni la devolución automática de los depósitos inmovilizados en ueno bank.

Con la legislación de emergencia pendiente de promulgación y la investigación judicial en desarrollo, la crisis continúa abierta tanto para los ahorristas como para las autoridades paraguayas, que deberán resolver los procedimientos de restitución de fondos y esclarecer las responsabilidades relacionadas con el deterioro financiero de la entidad.

Fuente: Medios Digitales

Contexto: La Ley 2334/03, que regula el Fondo de Garantía de Depósitos en Paraguay, fue sancionada en 2003 con el objetivo de proteger a los ahorristas ante eventuales crisis bancarias. Desde entonces, ha sido un instrumento clave para la estabilidad del sistema financiero, aunque su aplicación ha generado debates sobre la cobertura efectiva y los plazos de restitución. La intervención de entidades financieras por parte del Banco Central ha sido un mecanismo recurrente en la historia económica del país para contener riesgos sistémicos.