En agosto, el desembolso público destinado a las jubilaciones y pensiones experimentó una contracción del 1,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, ajustado por inflación. Este descenso marca la segunda ocasión en 2026 que se reduce esta asignación, según un estudio de la consultora Analytica.

La primera baja se registró en mayo, cuando los fondos para las prestaciones previsionales cayeron un 0,8% real interanual. A pesar de estos dos retrocesos, el balance de los primeros ocho meses del año muestra un leve incremento del 0,1%.

Este ajuste se enmarca en una reducción generalizada del gasto público. El gasto primario nacional, que excluye los intereses de la deuda, disminuyó un 10,3% real interanual en agosto, siendo la mayor caída desde noviembre de 2025, de acuerdo con el informe.

Si bien otras partidas sufrieron disminuciones porcentuales más altas, las jubilaciones y pensiones son cruciales por el monto que representan. En agosto, alcanzaron cerca de $5,7 billones, y el gasto gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) equivale a más del 60% del presupuesto nacional anual.

Entre las reducciones más notables se encuentran las transferencias a las provincias, con un descenso del 86% real interanual, seguidas por el gasto en bienes y servicios (-19%) y los programas sociales (-40%).

Claudio Caprarulo, economista de Analytica, señala que una de las causas de esta baja previsional es la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación, pero con un retraso de dos meses.

Este sistema se basa en el último Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por lo tanto, cuando la inflación se acelera durante varios meses, el aumento de las jubilaciones no sigue el ritmo de los precios, lo que erosiona el poder de compra de los beneficiarios.

Un caso claro ocurrió en marzo, cuando la inflación fue del 3,4%, pero las jubilaciones solo subieron un 2,89%, alineado con el índice de enero. Esa brecha provocó una pérdida real de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales en ese mes.

La situación puede revertirse si la inflación baja durante dos meses consecutivos, ya que los haberes se actualizan con índices anteriores más altos. Según el análisis, si la inflación de agosto se modera, las prestaciones podrían recuperar terreno en los próximos meses.

El segundo factor es el congelamiento del bono extraordinario para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Este refuerzo se ha mantenido en $70.000 desde marzo de 2024, y en septiembre cumplió 30 meses sin ajustes.

En ese lapso, ha perdido aproximadamente el 55% de su poder adquisitivo. Para mantener el valor real que tenía al inicio, debería ser de casi $157.000, según los cálculos presentados.

Caprarulo aclara que, si no se incluyera el bono en la partida previsional, la variación interanual del gasto en jubilaciones y pensiones en agosto habría sido del 0%, es decir, sin caída real frente a agosto de 2025.

Contexto histórico: Desde la reforma previsional de 2017, que reemplazó la fórmula de ajuste por una basada en la inflación y el PBI, el sistema ha enfrentado críticas por su impacto en el poder adquisitivo. En 2020, se estableció una nueva fórmula que vincula los aumentos a la inflación pasada con un rezago de dos meses, lo que ha generado fluctuaciones en los haberes. El bono extraordinario, creado en 2024 como medida temporal para compensar la pérdida de ingresos, se ha convertido en un complemento permanente pero sin actualización, lo que ha profundizado la erosión del ingreso de los sectores más vulnerables.