El gobierno de Javier Milei llevó a cabo una amplia modificación del presupuesto para 2026 mediante el decreto de necesidad y urgencia 867/2026, que redistribuye los recursos entre diferentes áreas estatales y establece aumentos significativos para Defensa, Inteligencia, Justicia, el Congreso y entidades ligadas al avance tecnológico. En contraste, el ajuste presupuestario contempla recortes considerables en los fondos destinados a las provincias, a la ayuda social para los empleados de la administración pública nacional y a los activos financieros. De acuerdo con los fundamentos de la norma, la medida se justifica por la urgencia de adecuar el presupuesto de manera inmediata, ya que, de no hacerlo, "peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional". El Ejecutivo también señaló que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", por lo que se informó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Uno de los principales favorecidos es el sector de Defensa. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa reciben en conjunto un refuerzo de más de 217.000 millones de pesos. La mayor parte de estos fondos se destina a aplicaciones financieras, específicamente como adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, financiados por el Tesoro Nacional. El Ministerio de Defensa obtiene 114.732,8 millones de pesos, el Estado Mayor General del Ejército suma 60.429,4 millones y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorpora 31.211,1 millones. Además, el alistamiento operacional de la Armada Argentina recibe 8.115,5 millones, incluyendo una partida de 50,75 millones para "Gastos reservados". La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) también se encuentra entre las áreas beneficiadas. El organismo recibe un aumento de 30.518,9 millones de pesos para su programa de "Información e Inteligencia". De ese monto, 19.613,9 millones corresponden a gastos de capital para la compra de maquinaria y equipos informáticos y de oficina. Otros organismos también recibirán refuerzos importantes. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) incorpora 120.081,3 millones, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) suma 119.289,5 millones para el desarrollo de misiones satelitales y el diseño de cuatro satélites SARE II A. El Poder Judicial de la Nación obtiene un refuerzo de 111.210,3 millones, de los cuales 100.000 millones provienen directamente del Tesoro para gastos de personal. Por su parte, el Poder Legislativo incrementa sus créditos en 63.810,9 millones, destinados principalmente a retribuciones de cargos vinculados con la actividad de formación y sanción de leyes. Para financiar esta redistribución, el Gobierno combina nuevos ingresos con reducciones en partidas centralizadas del Tesoro. Entre los recursos incorporados se destaca un incremento de 222.911,9 millones derivado de la venta de activos propios, como edificios e instalaciones públicas. Sin embargo, el principal ajuste recae sobre la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde se reducen partidas vinculadas con asistencia financiera y programas de carácter social y provincial. El programa "Otras Asistencias Financieras" registra una quita global de 288.474,8 millones. Dentro de ese recorte, la asistencia social destinada al personal de la administración pública sufre una reducción de 253.333 millones. Además, las transferencias corrientes destinadas a las provincias bajo el concepto de "Administración Central Provincial" disminuyen en 35.141,7 millones. Finalmente, el Tesoro reduce en 202.158,3 millones su partida destinada al incremento de activos financieros a largo plazo por cuentas a cobrar. Contexto: Esta reestructuración se enmarca en una serie de ajustes que el gobierno de Milei ha implementado desde su asunción, buscando reducir el déficit fiscal y reorientar el gasto público hacia áreas consideradas prioritarias, como la defensa y la inteligencia, en un contexto de tensiones con las provincias por la coparticipación y los fondos discrecionales.