En el marco de la visita del presidente Javier Milei a Misiones, los actores de la cadena productiva de la yerba mate hicieron llegar a las autoridades nacionales un escrito de fuerte tenor, en el cual expresan su rechazo a las medidas de desregulación implementadas y solicitan la restitución de las competencias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El hecho ocurrió el viernes en el alojamiento donde el mandatario asiste a la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), llevada a cabo en Puerto Iguazú.

De acuerdo con lo manifestado por los referentes del sector, únicamente se autorizó el acceso de una persona al recinto. Quien tuvo la misión de entregar el documento fue Jorge Skripczuk, en representación de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, quien consiguió dárselo a la secretaria privada del Presidente.

El texto está dirigido a Milei y a su gabinete presente en la provincia. Además de Skripczuk, firman la misiva Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Antonio Franza, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; y Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.

En el inicio del escrito, las entidades sostienen: “No son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”.

Los productores argumentan que la desregulación no provocó una baja de precios por una mayor competencia, sino que, por el contrario, consolidó el poder de las grandes compañías y afectó a los trabajadores rurales, a los pequeños productores y a los consumidores.

Dentro de los aspectos más críticos, mencionan la disminución del consumo interno, la merma en la rentabilidad de las chacras, el alza de los costos de producción y el debilitamiento de las áreas técnicas, de Registro y de Fiscalización del INYM.

Las organizaciones remarcan que la supresión de los valores mínimos para la materia prima dejó a los productores sin una referencia de precio. Según el documento, la hoja verde se paga actualmente entre $180 y $285 por kilo, en muchos casos mediante cheques diferidos a 90 o 120 días.

Afirman que esos montos representan aproximadamente la mitad del costo de producción y tornan la actividad inviable para numerosos pequeños y medianos productores.

“Mientras los costos de cosecha, flete e insumos trepan, los valores pagados al productor en el secadero se han deprimido, convirtiendo a la chacra en la principal variable de ajuste de la cadena”, advierten.

Asimismo, indican que durante los primeros siete meses de 2026 la cosecha de hoja verde registró una caída superior al 11%. De acuerdo con las cifras incluidas en la nota, entre enero y julio se recolectaron 71,5 millones de kilos menos que en el mismo período del año anterior.

Otro de los planteos se refiere al impacto laboral y social de la crisis. Las entidades aseguran que la falta de rentabilidad afecta la contratación de trabajadores rurales y dificulta el cumplimiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial.

Según detallan, la carga de ese convenio pasó de un promedio de $13 por kilo en 2023 a cerca de $44 durante 2026, mientras que el precio percibido por el productor sufrió una fuerte caída.

Contexto: La producción yerbatera ha sido históricamente regulada en Argentina a través del INYM, creado en 2002 para establecer pautas de comercialización y precios mínimos. La desregulación del sector, impulsada por el gobierno actual, ha generado un fuerte debate entre los actores de la cadena, que reclaman medidas de protección para sostener la actividad.