En un comunicado oficial emitido hoy, la Oficina del Presidente de la Nación anunció que la Cancillería ha dado inicio a los trámites para aplicar sanciones a individuos y compañías que hayan infringido la normativa que prohíbe la explotación de los recursos de las Islas Malvinas sin el consentimiento del gobierno argentino.

El anuncio, fechado el 4 de septiembre de 2026 en Buenos Aires, detalla que, por orden del presidente Javier G. Milei, se ha puesto en marcha el proceso sancionatorio contra 45 sujetos, tanto personas físicas como jurídicas, por presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659. Estas personas estarían involucradas en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las islas, las cuales son consideradas ilegítimas por Argentina.

El procedimiento no solo apunta a las empresas que realizan directamente estas operaciones en la plataforma continental, sino también a sus accionistas y a las firmas que les prestan servicios de apoyo para llevar a cabo dichas actividades.

El texto subraya que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares, son parte del territorio argentino, tanto por razones históricas como jurídicas. Se enfatiza que, a pesar de la ocupación, estas tierras pertenecen a Argentina, y que recientemente la ocupación ha intensificado sus acciones, avanzando en la extracción de recursos naturales.

La medida es presentada como un acto de justicia hacia quienes han sacrificado sus vidas por la nación y como una señal clara al mundo de que Argentina no renunciará a su soberanía sobre las islas. Aquellos que intenten lucrar con la violación de esta soberanía se enfrentarán a la aplicación firme de la ley.

Contexto: Esta acción se enmarca en una larga disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, que se remonta a 1833, cuando las fuerzas británicas ocuparon las islas, desplazando a la población argentina. Desde entonces, Argentina ha mantenido un reclamo constante, que incluyó un conflicto bélico en 1982. La Ley 26.659, mencionada en el comunicado, fue promulgada en 2011 para establecer sanciones a quienes realicen actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina, en un contexto de creciente exploración petrolera en la zona.