Desde el sábado, el nuevo régimen penal juvenil está en plena aplicación, transformando el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes. La fiscal Correccional y de Menores N° 1, María Laura Álvarez, detalló los ejes centrales de la normativa y subrayó que su fin no es únicamente punitivo, sino que busca la reinserción. Según Álvarez, con esta ley los jóvenes bajo el régimen quedan sujetos a un sistema específico de responsabilidad penal juvenil, con respuestas que varían según la seriedad del delito. La fiscal enfatizó que la norma no se centra solo en el castigo: “Es importante aclarar que la ley prevé un sistema de responsabilización por los hechos y para lograr su reinserción”, afirmó. El esquema contempla diversas medidas y sanciones, que se ajustan a las particularidades de cada caso y a la gravedad de la infracción. Entre ellas figuran la amonestación, la restricción de acercamiento, la conciliación y, en ciertos supuestos, el arresto domiciliario. Álvarez señaló que muchas de estas herramientas ya se venían utilizando en el trabajo con menores, aunque ahora algunas medidas tutelares cambian su denominación a socioeducativas. En relación con los hechos que involucran a menores, la fiscal indicó que los delitos graves son poco frecuentes: “Los delitos graves cometidos por menores tienen estadísticas bajas”, dijo, y agregó que en su experiencia solo hay un caso de una menor imputada por homicidio. “Es raro. Generalmente los delitos son menores”, explicó. Los ilícitos más habituales son amenazas, hurtos, robos y lesiones. Además, aportó datos sobre la carga de trabajo judicial: de unas 600 causas anuales, cerca del 10% corresponde a menores. En este nuevo contexto, la competencia sigue en manos de los fiscales de juicio y de menores, con un sistema orientado a dar respuestas adecuadas a cada situación. Álvarez insistió en que las cifras de menores en conflicto con la ley son relativamente bajas y que el régimen debe aplicarse considerando tanto la responsabilidad por el acto como las oportunidades de reinserción social. Contexto: Este cambio normativo se inscribe en una evolución histórica del tratamiento penal de los menores en Argentina, que ha pasado de un enfoque tutelar a uno basado en la responsabilidad y los derechos del niño, en línea con convenciones internacionales adoptadas en décadas anteriores.