La legislatura provincial recibió ayer una propuesta legislativa respaldada por pequeños colonos yerbateros. La iniciativa, que lleva la firma de la diputada Arabela Soler, busca declarar la emergencia del sector por un año y fijar un valor mínimo obligatorio para la hoja verde.

El texto, titulado "Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera", alcanzaría a los productores con hasta 50 hectáreas de yerba mate. Según su artículo 1, el propósito es "preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde".

La emergencia regiría en todo el territorio provincial por un lapso de 360 días, con posibilidad de prórroga por otro período igual, ya sea por decisión del Ejecutivo o de la Legislatura, a pedido de la autoridad de aplicación.

El punto central es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, de cumplimiento obligatorio para los compradores de materia prima de los productores incluidos en el régimen. El artículo 5 detalla que ese valor debe contemplar "la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente", más el pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores de la tarefa, las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social, y "un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas".

El precio se actualizaría cada 90 días como máximo, aunque se podrían fijar plazos menores en circunstancias excepcionales. El artículo 6 establece que cualquier acuerdo que fije un valor inferior será inoponible, y el comprador deberá abonar la diferencia. "Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior" al mínimo sostén no exime al adquirente de pagar la diferencia.

La norma también prevé mecanismos de control: la autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, y realizar inspecciones, auditorías y verificaciones. Se contempla la implementación de sistemas de trazabilidad "física, documental y financiera" para las operaciones de comercialización.

Ante un incumplimiento, se intimará al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas, con intereses y cargas legales. Se consideran infracciones comprar por debajo del precio mínimo, omitir su pago, simular operaciones para evadir la ley u obstaculizar la fiscalización.

Las sanciones van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones, y la "inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera".

Los fondos recaudados por multas se destinarán exclusivamente al "fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley", según el artículo 13.

El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que realicen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde en Misiones, con superficies de hasta 50 hectáreas. Para evitar el fraccionamiento de explotaciones, se computarán las superficies de unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente. Quedarán excluidas las explotaciones que intenten eludir el límite mediante división, fraccionamiento o simulación.

El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Podrá firmar convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los controles.

La propuesta de Soler plantea una herramienta de emergencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que cubra los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.

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Contexto: La producción yerbatera en Misiones ha enfrentado históricamente ciclos de crisis por la volatilidad de los precios y la concentración del mercado. En el pasado, la intervención del Estado provincial y nacional a través de regulaciones como el INYM buscó estabilizar el sector, aunque la reciente desregulación ha generado nuevas tensiones entre los pequeños productores y la industria.