La Legislatura provincial aprobó hoy, con respaldo unánime, la reforma de la Ley VIII – N° 103, que impulsaba la producción de bioinsumos, y dejó sin efecto la restricción al herbicida que había sido establecida en 2023. En su alocución, el diputado Arjol respaldó la decisión y criticó el espíritu de la norma anterior, al señalar que estaba "desconectada del conocimiento científico y de las necesidades reales". "La ley nació sin vida", afirmó Arjol, al recordar que cuando se sancionó no existía ningún bioinsumo capaz de sustituir de forma eficiente al glifosato en las diversas demandas del sector agrario. Además, subrayó que la norma ignoraba la práctica diaria de los productores. "A pesar de la veda, el agricultor iba a continuar empleando el glifosato porque es una herramienta que le posibilita ser más productivo, abaratar costos y optimizar su jornada", expresó. El legislador ejemplificó con las complicaciones actuales para ejecutar ciertas faenas de forma manual. "Hoy, si se intenta hacer un desmonte, no se halla ni siquiera mano de obra para ello", indicó, y agregó que esto evidencia lo complejo de imponer restricciones sin contar antes con opciones técnicamente factibles. Arjol también mencionó que la norma jamás llegó a aplicarse en su totalidad: primero fue suspendida, luego se prorrogó su entrada en vigencia y, en la práctica, "nunca se implementó". El reto: prácticas adecuadas y fomento de bioinsumos Tras la derogación, el diputado planteó que la discusión no debe cerrarse con la eliminación de la veda, sino que debe dar paso a una nueva fase orientada a generar instrumentos concretos para una producción más amigable con el entorno. En primer lugar, propuso impulsar una normativa de Buenas Prácticas Agronómicas, que defina pautas precisas para el empleo responsable de herbicidas y otros insumos del sector. "Los herbicidas son solo herramientas que el productor usa para ser eficaz. Como cualquier instrumento, al igual que un fármaco, hay que saber cómo se usa, en qué instante y en qué dosis", manifestó. En ese marco, consideró necesario establecer mediante una ley específica los sitios y condiciones donde se pueden aplicar estos productos, así como las zonas donde se debe evitar su uso. También sugirió sumar campañas de sensibilización, formación y educación para promover un manejo adecuado de los recursos disponibles. Como segundo eje, propuso fomentar una auténtica ley de promoción de bioinsumos, que cree condiciones propicias para que empresas, científicos y desarrolladores puedan progresar en nuevas opciones. Para ello, planteó incluir beneficios fiscales, disminución de gravámenes y agilización de trámites administrativos, con el fin de que Misiones se convierta en un polo atractivo para la investigación, el desarrollo y la fabricación de bioinsumos. "Debemos crear los estímulos para que aquellos que investigan y crean bioinsumos vean a Misiones como un lugar propicio para sus proyectos", afirmó. Una nueva etapa para el debate productivo La iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas, incluido Encuentro Misionero, y reforma los artículos 5, 6 y 7 de la ley, además de suprimir el artículo 8. El dictamen fue elaborado por la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal y agrupó diversas propuestas presentadas en los últimos años. Para Arjol, el desafío ahora es dejar atrás las falsas disyuntivas y construir una política que permita producir con eficiencia, proteger el ambiente y, a la vez, ofrecer opciones reales a quienes trabajan el campo. "Tenemos que transitar de la prohibición a las herramientas: buenas prácticas, educación, investigación e incentivos para desarrollar alternativas", concluyó el diputado. Contexto: La discusión sobre el glifosato en Argentina no es nueva. En 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al herbicida como "probable cancerígeno" para humanos, lo que generó debates en distintos distritos. Misiones, con una fuerte tradición agrícola y forestal, había adoptado en 2023 una postura restrictiva, pero la falta de sustitutos viables y la presión del sector productivo llevaron a esta revisión. La nueva ley busca equilibrar la producción con la sustentabilidad, aunque los desafíos de implementación persisten.