La llegada de Javier Milei a Misiones este viernes se da en un clima de fuerte malestar en el sector yerbatero, que atraviesa una de sus etapas más críticas en la relación con el Gobierno nacional. La caída del precio de la materia prima, la pérdida de rentabilidad y las críticas a la desregulación del sector han generado reclamos que en los últimos días se intensificaron, primero con la presentación en la Legislatura provincial de un proyecto de emergencia que busca fijar un precio mínimo sostén, y luego con la convocatoria a una movilización de productores hacia Puerto Iguazú durante la visita presidencial.

En este marco, cinco organizaciones que representan a productores y trabajadores rurales enviaron una carta contundente al Presidente y a su equipo, en la que expresaron su rechazo a las políticas nacionales para la principal economía regional de Misiones y pidieron que se restablezcan las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

“Lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”, dice el texto, que justifica esa postura por el impacto que, según los firmantes, tuvieron las medidas nacionales en una actividad que durante décadas fue el sustento de miles de familias de la provincia.

La misiva apunta directamente contra la política de libre mercado aplicada a la cadena yerbatera. Las organizaciones sostienen que la eliminación de los mecanismos de regulación no favoreció una mayor competencia, sino que benefició a los sectores más concentrados de la industria, en perjuicio de los productores primarios, los trabajadores rurales y los consumidores.

También mencionan como problemas la caída del consumo interno y la pérdida de herramientas del INYM relacionadas con la regulación, el control y la calidad del producto.

Este planteo se da en un contexto de discusión que se profundizó durante el año. En julio, representantes de distintos eslabones de la cadena presentaron ante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un informe sobre las consecuencias que atribuían al nuevo esquema, pero el funcionario ratificó entonces la continuidad de la política nacional.

Uno de los ejes centrales de la carta es el precio que recibe el productor por la hoja verde. Según las entidades, las operaciones se realizan entre $180 y $285 por kilo, en muchos casos con cheques diferidos a 90 o 120 días, valores que aseguran representan aproximadamente la mitad de los costos de producción.

Esa brecha quedó en evidencia esta semana, cuando organizaciones del sector presentaron en la Legislatura un proyecto de emergencia yerbatera. Desde Impulso Yerbatero estimaron que un valor que permita sostener económicamente la actividad debería rondar los $700 por kilo de hoja verde, muy por encima de los valores actuales.

Los productores también señalaron el aumento de los combustibles, fertilizantes, energía y otros insumos, mientras el precio de la materia prima se mantuvo bajo. “La chacra” se convirtió, según ellos, en “la principal variable de ajuste de la cadena”.

El documento también aporta cifras sobre la caída de la producción. Según indica, en los primeros siete meses de 2026 se cosecharon 71,5 millones de kilos menos de hoja verde que en el mismo período del año anterior, una baja superior al 11% que las organizaciones vinculan directamente con la falta de rentabilidad.

Otro punto cuestionado es el aumento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. La carta sostiene que la tarifa pasó de alrededor de $13 por kilo en 2023 a casi $44 en 2026, mientras que los valores recibidos por los productores disminuyeron.

Este tema ya había sido analizado por PRIMERA EDICIÓN: actualmente esa carga puede representar cerca del 16% del ingreso bruto por la materia prima e incluso superar el 18% en operaciones a precios más bajos.

La carta finaliza con un pedido político concreto: recuperar las facultades que perdió el INYM, especialmente las destinadas a intervenir en el funcionamiento de la cadena y proteger a los sectores más vulnerables.

El reclamo se da en medio de tensiones dentro del propio organismo. Esta semana, las mismas cinco organizaciones respaldaron a los representantes del Directorio que bloquearon decisiones impulsadas dentro del INYM y volvieron a cuestionar la conducción de su presidente, Rodrigo Correa.

El documento está firmado por Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Antonio Franza, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; y Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.

La carta cobra especial relevancia por el momento elegido. Milei tiene previsto participar este viernes del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, en lo que será su primera visita a Misiones desde que asumió la Presidencia.

Contexto:

Históricamente, la producción yerbatera en Misiones ha estado regulada por el INYM, creado en 2002 para establecer precios mínimos y controlar la actividad. Durante la gestión anterior, se mantuvieron políticas de intervención que aseguraban un piso para los productores. La desregulación impulsada por el actual gobierno, que eliminó esos mecanismos, ha generado un fuerte debate en la región, con reclamos de los pequeños productores que ven amenazada su subsistencia.