El Ministerio de Ecología de Misiones ha denegado la aprobación ambiental para un complejo turístico, recreativo y cultural que se planeaba construir dentro de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú. Además, ha instruido a la compañía encargada a elaborar un plan para reparar las áreas que ya sufrieron deforestación. Esta determinación fue oficializada a través de la Resolución 304, divulgada este viernes en el Boletín Oficial provincial, y afecta a un proyecto que se ubicaría en la Reserva Iryapú, una de las zonas más delicadas desde el punto de vista ecológico y turístico en la ciudad de las Cataratas. El plan original contemplaba un edificio en un terreno de 17.500 metros cuadrados, con 4.110,55 metros cuadrados techados, destinado a esparcimiento, recreación, turismo y actividades culturales, con una vida útil estimada en 50 años. No obstante, tras la evaluación realizada por los distintos departamentos de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, el organismo provincial llegó a la conclusión de que, en su forma actual, no era sostenible desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con los argumentos incluidos en la resolución, el emprendimiento podría generar efectos negativos considerables sobre los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de la región. La evaluación oficial no se limitó a una simple observación. Ecología manifestó que la propuesta no era acorde con los fines de conservación de las 600 Hectáreas y advirtió que podría poner en riesgo las condiciones ambientales del área. La resolución hace hincapié en que el sector cuenta con un Plan Maestro que define criterios específicos sobre áreas edificables, espacios abiertos, alturas, materiales, movimiento de tierras, deforestación y manejo de residuos, entre otros requisitos. En este contexto, el informe técnico señaló que el diseño no demostró una compatibilidad adecuada en cuanto a materiales, escalas, alturas y superficies, y alertó que la configuración sugerida podría afectar de manera considerable el paisaje circundante. Por estas razones, el Ministerio decidió rechazar el estudio de impacto ambiental y no otorgar la autorización para la habilitación o ejecución del proyecto tal como fue presentado. Si la empresa desea seguir adelante, deberá considerar opciones constructivas alternativas. El aspecto más destacado de la resolución se encuentra en su segundo artículo. Ecología ha ordenado que el proponente y sus asesores técnicos presenten, en un plazo de 15 días hábiles, un plan de restauración para "toda el área afectada por desmontes". La recuperación deberá llevarse a cabo mediante la plantación de especies autóctonas, priorizando las que son propias de la zona, y estará sujeta a inspecciones por parte de la autoridad ambiental. Asimismo, los responsables tendrán que entregar informes trimestrales sobre el progreso de las labores y, al concluir, un reporte final acompañado de fotografías. Sin embargo, la resolución no especifica la cantidad de hectáreas o metros cuadrados que fueron deforestados, ni detalla en qué fase del proyecto ocurrieron estas intervenciones. Este aspecto deja una duda relevante, dado que el expediente correspondía al proceso para obtener la viabilidad ambiental necesaria para el desarrollo del emprendimiento. Las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú fueron diseñadas como un espacio para el crecimiento turístico bajo pautas específicas de sostenibilidad y protección. El marco normativo exige que los proyectos presenten documentación técnica, evaluación ambiental y planes de manejo antes de iniciar su ejecución. Un documento oficial dirigido a posibles inversores incluso requiere una evaluación preliminar de impacto ambiental y un plan de gestión ambiental como condiciones para desarrollar proyectos en la zona. Actualmente, el área alberga hoteles, iniciativas turísticas, extensiones de selva y comunidades mbya guaraní. PRIMERA EDICIÓN ha documentado a lo largo de los años esta coexistencia entre la actividad turística y la conservación, así como el surgimiento de proyectos de turismo comunitario liderados por la propia comunidad Yryapú. La Provincia también mantiene políticas específicas de restauración en el lugar: en 2025 se anunció la plantación de miles de ejemplares nativos dentro de las 600 Hectáreas, como parte del Plan de Restauración Funcional de la Selva Paranaense. En este escenario, la resolución publicada este viernes establece un precedente claro: el proyecto no podrá continuar como estaba planeado y sus impulsores deberán reparar las superficies que ya fueron dañadas. Contexto: Esta decisión se suma a una serie de medidas previas en la provincia de Misiones orientadas a proteger la selva misionera, que ha sido históricamente un área de alta biodiversidad y presión por el desarrollo. En años anteriores, se han implementado normativas para regular los desmontes y fomentar la reforestación con especies nativas, en línea con los objetivos de conservación del Corredor Verde y la Reserva de Biosfera Yabotí, aunque estos datos no se mencionan en el texto original.