El Gobierno nacional ha establecido un período extraordinario de dos meses para que los desarmaderos puedan completar más de 700 trámites de baja de vehículos con recuperación de piezas que habían expirado. Esta medida permitirá normalizar cerca de 23.000 autopartes que se encontraban bloqueadas para su venta.

La iniciativa fue oficializada a través de la Disposición 217/2026 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, que se publicó en el Boletín Oficial este viernes y entró en vigencia de inmediato.

El alcance de esta norma se limita a los trámites de baja con recuperación de piezas que fueron inscriptos después del 31 de marzo de 2021 y que hayan sufrido la caducidad de los identificadores asignados. Esto ocurrió porque el desarmadero no presentó, dentro del plazo estipulado, la planilla que confirma el correcto marcado de las autopartes.

Estos expedientes tendrán ahora 60 días para ser finalizados de manera correcta.

La gravedad de la situación se evidenció en el propio expediente. La Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA) informó a la Dirección Nacional que había detectado más de 700 bajas de automotores con recuperación de piezas sin concluir, lo que representaría aproximadamente 23.000 autopartes que no podían ser comercializadas.

El problema no estaba necesariamente en el estado físico de las piezas, sino en la expiración de los elementos que permiten identificarlas y certificar su origen legal. Cuando estos identificadores caducan, las autopartes pierden la habilitación para volver al circuito formal de venta.

El régimen de baja con recuperación de piezas experimentó una modificación sustancial en octubre de 2025, cuando la Nación implementó un sistema completamente digital a través del Registro Único Virtual (RUV). Esta reforma eliminó los registros en papel y los procesos manuales, con el objetivo de agilizar los tiempos y, sobre todo, mejorar la identificación y el seguimiento de las piezas recuperadas tras la baja del vehículo.

No obstante, durante la implementación se permitió que coexistieran temporalmente dos métodos: el nuevo sistema digital mediante el RUV y el mecanismo mixto anterior, que aún involucraba a los Registros Seccionales. Esta transición provocó que en algunos expedientes se vencieran los plazos para presentar la documentación final, lo que llevó a la caducidad de los códigos y dejó las piezas fuera del mercado.

El procedimiento anterior contemplaba dos escenarios. Cuando el propio desarmadero retiraba los elementos identificatorios en el Registro Seccional, disponía de 30 días para estamparlos en las piezas y enviar la planilla correspondiente.

En cambio, cuando los elementos eran entregados a la persona que realizaba el trámite de baja del vehículo, el plazo para completar esa instancia podía extenderse hasta un año.

Una vez vencidos esos períodos sin la documentación requerida, los identificadores quedaban caducos y las piezas recuperadas no podían reutilizarse comercialmente.

La disposición publicada este viernes no introduce un nuevo procedimiento general para quienes quieran dar de baja un vehículo ni habilita indiscriminadamente la venta de autopartes usadas. Se trata de una regularización excepcional dirigida a los desarmaderos con expedientes antiguos que quedaron inconclusos.

El actual procedimiento establece que la baja con recuperación de piezas debe tramitarse mediante el Registro Único Virtual y con intervención de un desarmadero que tenga inscripción vigente en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC).

Entre la documentación requerida se incluyen datos del vehículo, documentación registral, fotografías y la identificación de las piezas que podrán ser recuperadas.

Una vez autorizado el trámite, las autopartes recuperables son individualizadas mediante códigos de seguridad vinculados al vehículo del que provienen, mecanismo destinado a permitir su trazabilidad y diferenciarlas de piezas provenientes del mercado ilegal.

Con el nuevo plazo excepcional, Nación busca ahora cerrar el stock de expedientes que quedó pendiente durante la transición y permitir que las piezas que cumplan los requisitos puedan reincorporarse legalmente al mercado.

Contexto: Esta medida se enmarca en un proceso de modernización del sistema registral automotor que comenzó en 2025, con la digitalización de trámites que antes eran manuales. La transición hacia el RUV buscó reducir la burocracia y aumentar el control sobre las autopartes, pero generó demoras en algunos casos. La regularización actual es un paso para resolver esos atrasos y fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de repuestos.