Las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, a cargo del proyecto Sea Lion en las cercanías de las Islas Malvinas, salieron al cruce de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno argentino y aseguraron que estas no afectarán de forma relevante el avance del emprendimiento.

La respuesta llegó poco después de que el presidente Javier Milei comunicara en una alocución nacional su intención de reforzar las medidas contra aquellas firmas que, sin permiso de Argentina, se dediquen a la explotación de recursos en el archipiélago.

Las compañías reafirmaron su compromiso con Sea Lion y argumentaron que actúan bajo licencias emitidas por las autoridades locales, con el apoyo del Reino Unido. Según su postura, los recientes anuncios no provocarían cambios sustanciales en el calendario del proyecto.

El yacimiento se sitúa a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y está en plena etapa de desarrollo. Navitas, que lidera la operación con un 65% de participación, comunicó oficialmente que ya se tomó la decisión final de inversión y que están garantizados los permisos y el financiamiento para la primera fase. La extracción está programada para comenzar en marzo de 2028.

En esa primera instancia se perforarán 11 pozos submarinos que se conectarán a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Una segunda etapa sumará otros 12 pozos, aproximadamente tres años después del inicio de la producción.

Rockhopper, por su lado, informó en junio que la primera fase ya había recibido luz verde y que el plan financiero contempla una deuda de US$1.000 millones, de los cuales US$350 millones corresponden a su parte.

En su mensaje del jueves, Milei calificó a Sea Lion como una amenaza real para los intereses nacionales y anunció que el Ejecutivo empleará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para frenar los proyectos de explotación en la zona en disputa.

Dentro de las acciones anunciadas se destaca la prohibición para operar en territorio argentino a las empresas que, de manera directa o indirecta, estén involucradas en proyectos en Malvinas sin la autorización nacional.

Además, el Gobierno adelantó cambios para agilizar la implementación de las sanciones previstas en la Ley 26.659 y enviará al Congreso una iniciativa para ampliar las penalidades a proveedores, accionistas y otros actores ligados a dichas actividades.

La postura empresarial fue contundente respecto a la continuidad del proyecto. Rockhopper y Navitas sostienen que las autorizaciones que poseen son válidas y que cuentan con el respaldo británico. Por ello, afirman que las medidas provenientes de Buenos Aires no modifican, por ahora, sus planes de inversión ni el cronograma establecido.

Esta posición coincide con la información corporativa difundida en los últimos meses. Rockhopper anunció a fines de agosto una nueva evaluación independiente que elevó las estimaciones de recursos recuperables del yacimiento y confirmó que Navitas busca acelerar las fases posteriores del desarrollo.

A pesar de que las compañías minimizaron el impacto operativo, los mercados reaccionaron negativamente. Este viernes por la mañana, las acciones de Rockhopper caían más de 5% en Londres, mientras que las de Navitas descendían alrededor de 2% en Tel Aviv, según datos de Noticias Argentinas.

Ambas empresas ya habían sido objeto de medidas argentinas previas por sus actividades en Malvinas: Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022.

El conflicto entra ahora en una nueva fase. Mientras el Gobierno argentino busca elevar el costo económico y legal de participar en proyectos no autorizados, las petroleras insisten en que las sanciones no detendrán el avance de Sea Lion, cuyo inicio de producción está previsto para dentro de aproximadamente un año y medio.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Contexto:

La disputa por las Islas Malvinas tiene larga data. Tras la guerra de 1982, Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, mientras que el Reino Unido lo administra y defiende su posición. En las últimas décadas, el hallazgo de hidrocarburos en la plataforma marítima cercana a las islas ha generado tensiones periódicas, con gobiernos argentinos de distinto signo político implementando sanciones contra empresas que exploran o explotan recursos sin autorización de Buenos Aires. Estas medidas, sin embargo, no han logrado hasta ahora detener los proyectos petroleros en la zona.